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La ley penal en un Estado democrático y de derecho busca salvaguardar los bienes y valores fundamentales de la sociedad. Ello lo establece el Código Penal (2007) en su artículo 2. Debe crearse la misma como lo establece la Constitución, en la Asamblea Nacional de Diputados luego de tres (3) debates en días distintos y sancionada por el presidente de la república. Una vez entra en vigencia, la norma penal se aplica siguiendo los postulados y garantías contemplados en el Código Penal (2007) en los artículos 1 a 16, la Constitución (2004) y los instrumentos internacionales sobre Derechos humanos.
Los fiscales y los jueces son los primeros llamados a fortalecer el Estado democrático de derecho, respetando el principio de legalidad y llevando a los procesos solo a quienes incurran en la comisión de delitos.
